El Pleno del Ayuntamiento de Hondarribia ha aprobado inicialmente, por unanimidad, la ordenanza que regulará el impuesto sobre las estancias turísticas. El impuesto se aplicará a partir del 1 de enero de 2027.

El objetivo de este impuesto es reforzar los recursos para hacer frente al impacto que genera el turismo en el municipio y a los costes que conlleva. Hondarribia recibe numerosos visitantes a lo largo de todo el año, y la actividad turística tiene un impacto directo en la organización del tráfico, la limpieza, la conservación del patrimonio urbano y natural y, en general, en la organización de los servicios municipales.

"El turismo forma parte de la economía de Hondarribia y debemos reconocer su aportación. Pero, al mismo tiempo, también debemos responder a las necesidades y los costes que la actividad turística genera en el municipio. Con este impuesto queremos buscar ese equilibrio: que una parte de los recursos generados por las estancias de los visitantes revierta en los servicios y espacios públicos que ofrece Hondarribia", ha explicado el Ayuntamiento.

La ordenanza afectará a los establecimientos y viviendas que operen como alojamientos turísticos en el municipio. El impuesto se aplicará por cada estancia continuada, con un límite máximo de seis noches, y las tarifas se determinarán en función del tipo de alojamiento y de la época del año. Así, entre el 15 de marzo y el 15 de octubre, durante la primavera y el verano, se aplicará un recargo del 25 % sobre la tarifa básica. Entre el 16 de octubre y el 14 de marzo, en cambio, se aplicará la tarifa básica.

La tarifa más baja se aplicará a los agroturismos: 0,60 euros por persona y día durante el periodo de otoño e invierno, y 0,75 euros en primavera y verano. Las viviendas de uso turístico tendrán la tarifa más alta: 6 euros por persona y día en temporada baja y 7,50 euros en temporada alta. La tarifa se sitúa en la parte superior del rango impositivo que puede aplicarse a este tipo de alojamientos.

Según ha explicado el alcalde, Igor Enparan Araneta, la diferenciación entre temporadas permite tener en cuenta la distinta intensidad de la actividad turística y tiene como objetivo adaptar la aplicación del impuesto al nivel de ocupación y de visitantes a lo largo del año: "Diferenciar las tarifas según la temporada es un elemento innovador y nos permite adaptarnos a la realidad de Hondarribia. La presión turística y el uso de los alojamientos del municipio no son iguales durante todo el año, y el impuesto también debe reflejar esa realidad".

El Gobierno municipal destaca que se trata de una propuesta elaborada en colaboración con el sector turístico: "La ordenanza del impuesto sobre las estancias turísticas es el resultado de un proceso de trabajo conjunto con el sector turístico. El Ayuntamiento ha tenido en cuenta las aportaciones de los agentes del sector, así como las necesidades y características de Hondarribia en relación con la actividad turística, a la hora de diseñar el modelo impositivo".

La ordenanza contempla asimismo varias exenciones, con el fin de que la aplicación del impuesto sea proporcional y se tengan en cuenta determinadas situaciones sociales o particulares.

Según las previsiones del Ayuntamiento, el impuesto sobre las estancias turísticas podría generar unos ingresos anuales de entre 700.000 y un millón de euros. Estos recursos podrán destinarse a atender las necesidades generadas por la actividad turística en el municipio, entre otras cuestiones, al mantenimiento de los espacios públicos, la movilidad, la limpieza, la protección del patrimonio urbano y natural, la promoción de la cultura y la mejora de la convivencia y de la calidad de vida de la ciudadanía.

Una vez aprobada definitivamente y completados los trámites necesarios para su entrada en vigor, el impuesto podrá aplicarse a partir del 1 de enero de 2027.

Ordenanzas fiscales

En 2027 no no se aplicará ningún incremento en los impuestos. Además, en lo que respecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), la ordenanza refuerza las bonificaciones.

Uno de los principales cambios será la ampliación de la bonificación del IBI de la vivienda habitual a las familias monoparentales y a las personas titulares pertenecientes a unidades familiares que sean víctimas de violencia doméstica o de género. De este modo, estos colectivos quedarán equiparados a las familias numerosas. En función del caso y de los requisitos que se cumplan, las bonificaciones oscilarán entre el 10 % y el 90 %.

Asimismo, los titulares de viviendas habituales que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica podrán obtener una bonificación del 60 %, siempre que perciban la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) o una pensión no contributiva.

También se reforzarán las bonificaciones vinculadas al fomento del alquiler. Hasta ahora, las y los propietarios de viviendas incluidas en el programa Bizigune tenían una bonificación del 50 %. Además de mantener esta bonificación, se ampliará a otros programas de alquiler como ASAP u otros programas de la comunidad autónoma con una finalidad similar. El objetivo es aumentar la oferta de vivienda y reforzar los incentivos para destinar viviendas a alquileres asequibles.

Entre las novedades de las ordenanzas fiscales también se encuentra la determinación del tipo del IBI que se aplicará a los inmuebles de características especiales. En este caso, al aeropuerto de Hondarribia se le aplicará un tipo del 0,7 %, es decir, el tipo máximo que permite la normativa para este tipo de inmuebles.

En cuanto a las tasas municipales, en 2027 se aplicará una actualización del 2 %, por debajo de la evolución del IPC, con el objetivo de mantener el incremento en niveles lo más moderados posible. 

En cuanto a las tasas, se introducirá un cambio en el pago de la tarjeta de la OTA. Hasta ahora, la tasa debía abonarse todo el año. Con la nueva regulación, si se renuncia a la tarjeta durante el año, se devolverá la parte proporcional de la tasa correspondiente a los trimestres no utilizados. Del mismo modo, si la tarjeta se solicita una vez iniciado el año, la tasa se calculará de forma proporcional en función del trimestre en el que se solicite. El objetivo es que el importe abonado por la ciudadanía se ajuste al periodo efectivo de utilización de la tarjeta y facilitar su gestión.